martes, 26 de octubre de 2010

EL GOBIERNO CORPORATIVO, UNA ACTITUD

Cuando se habla de Gobierno Corporativo, fácilmente se puede entender que se trata de la forma como se gobiernan las sociedades y, la verdad, literalmente sus palabras eso indican, sin embargo, cuando nos referimos al Gobierno Corporativo (o Corporate Governance) nos referimos, no solo al “sistema (conjunto de normas y órganos internos) mediante el cual se dirige y controla la gestión de una persona jurídica, bien sea de manera individual o dentro de un grupo económico, que provee un marco que define derechos y responsabilidades, dentro del cual interactúan los órganos de gobierno de una entidad”[1], sino que nos estamos refiriendo a un Buen Gobierno Corporativo, es decir, a aquel Gobierno Corporativo que “proporciona herramientas que aseguran la existencia y puesta en práctica de mecanismos que permiten el balance entre la gestión de cada órgano y el control de dicha gestión mediante sistemas de pesos y contrapesos, con el fin de que las decisiones adoptadas en cada instancia se realicen de acuerdo con el mejor interés de la entidad, sus accionistas y acreedores y respetando los derechos de los consumidores financieros y de los demás grupos de interés.” [2]

La idea es que a través del gobierno corporativo se disminuya hasta su más mínima expresión los riesgos de agencia (agency problem) o problemas de mandato, pensando principalmente en los administradores de la compañía con respecto a sus inversionistas o terceros interesados en las mismas, pues “los directores de tales compañías sin embargo, siendo los administradores del dinero de otros y no del suyo propio, no puede esperarse que ellos lo vigilen con la misma ansiosa diligencia con la cual los socios en una sociedad privada frecuentemente vigilan el suyo propio.” [3]

Aunque el principal riesgo de agencia es el que se presenta entre los inversionistas y el administrador, también existe el riesgo de agencia entre los accionistas mayoritarios y los minoritarios, pues es de entender que los accionistas mayoritarios por el poder que tienen en el interior de la sociedad, tengan la capacidad de influenciar las decisiones de la compañía para su propio beneficio, generándose el riesgo de expropiación del capital[4]

Aplicando los lineamientos del Buen Gobierno Corporativo, los riesgos de agencia y expropiación disminuyen, siendo las compañías que efectivamente los adopten y cumplan a conciencia, las que serán más atractivas para recibir financiación o recursos de inversionistas.

Diferentes entidades nacionales e internacionales han emitido lineamientos para elaborar códigos de buen gobierno corporativo para que sean adoptados por las compañías, sin embargo, aunque las compañías adopten los códigos, cumpliendo a cabalidad los lineamientos propuestos, es claro que la esencia del gobierno corporativo (o buen gobierno corporativo) es que las personas que interactúan alrededor del gobierno de la compañía, tengan la actitud y el compromiso de llevar a cabo las prácticas propuestas, pues de nada les sirve a las compañías, y a sus inversionistas, tener un código de buen gobierno corporativo que nadie cumpla o nadie quiera cumplir, pues la confianza hacia una compañía no la genera un cuerpo de normas como es el código, sino las personas que en ella trabajan y que decidan el rumbo de la misma, por tanto, la mejor manera de disminuir los riesgos de agencia y expropiación es que haya compromiso y actitud de cumplimiento a los lineamientos propuestos, sin necesidad que existan medios coercitivos para su cumplimiento, pues la compañía con el mejor gobierno no necesariamente es la que tiene el mejor Código de Buen Gobierno, sino la que, incluso sin tenerlo, aplica los lineamientos a diario y sin reparo alguno.

Porque el gobierno corporativo, más que una lista de lineamientos o códigos para cumplir, es un compromiso y una actitud hacia el cumplimiento, a la transparencia y a la confianza.

[1] SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Documento Conceptual de Gobierno Corporativo. 20 de Noviembre de 2006.
[2] Ibidem.
[3] Smith, Adam. 1776.
[4] Me refiero a expropiación del capital, cuando se hace una distribución asimétrica de los rendimientos o del valor creado dentro de la compañía en interés de los socios mayoritarios o administradores y en detrimento de los intereses de los minoritarios.

viernes, 22 de octubre de 2010

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Revisarán evasión del 4 por 1.000


El Gobierno radicó el proyecto de ley para promover la competitividad y mejorar el recaudo tributario. En la iniciativa quedaron incluidos el desmonte de la deducción por inversión en activos fijos productivos, así como la sobretasa de energía a la industria, y se establecen controles para evitar la elusión del 4 por 1.000.

El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry Garzón, explicó que la eliminación de la deducción del 30 por ciento del impuesto de renta por inversión en activos fijos obedece a que la medida ya cumplió con su objetivo, que era facilitar la renovación de la maquinaria empresarial.

Con esa eliminación el Gobierno calcula que incrementará sus ingresos en cuatro billones de pesos.

Energía barata
Por mucho tiempo el sector industrial reclamó la reducción de la contribución que asumen en las tarifas de energía y este proyecto de ley incorpora la eliminación de ese tributo.

El año próximo la sobretasa bajaría del 20 al 10 por ciento y en 2012 desaparecerá. Aunque el desmonte de la sobretasa representará un costo fiscal superior a 500 mil millones de pesos, beneficiará la competitividad de las empresas y las dejará en condiciones de igualdad, en este rubro, frente a sus similares de países en iguales condiciones de desarrollo.

Control al 4 x 1.000
El ministro Echeverry Garzón explicó que los ajustes al 4 x 1.000 buscan eliminar la elusión que se observa en operaciones que se realizan a través de entidades financieras, las comisionistas de bolsa y las fiduciarias, y que la intención es incrementar la productividad de dicho gravamen.

Al precisar el hecho generador del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), dijo que las operaciones de pago o desembolsos a terceros, diferentes al inversionista inicial, quedan gravadas con el 4 x 1.000, porque no corresponden a operaciones propias del mercado financiero. Con este ajuste el Gobierno busca recaudar 400 mil millones de pesos.


Dian denuncia millonaria evasión del 4 x 1.000 por parte de grandes contribuyentes


La entidad reveló que este año se ha evadido el pago del impuesto por más de 300.000 millones de pesos y señaló que esa irregularidad está siendo permitida por las entidades financieras.

El director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, dijo que los responsables de esa evasión son contribuyentes con un gran músculo financiero que les están generando un hueco muy grande a las finanzas públicas.

"El sistema financiero ha permitido este fenómeno a las empresas con altos volúmenes de compras y pagos que son las que están ejecutando esta irregularidad", afirmó el director de la Dian.

Por otra parte, señaló que es posible recuperar ciertos recursos, aunque advirtió que es muy difícil, pues hay sistemas de evasión muy bien montados por parte de las empresas.

Fernando Gonzalez Redacción Economía y Negocios.



miércoles, 28 de julio de 2010

Zonas Francas, eliminación de IVA y macrorueda de negocios en la Frontera con Venezuela

El gobierno Uribe, dentro de la declaración del estado de emergencia social en la frontera con Venezuela, ha adoptado 3 medidas para hacer frente a la crisis. (i) Reducción de requisitos para instalar Zonas Francas en la frontera; (ii) Se eliminó transitoriamente el cobro de IVA a unos productos como textiles, confecciones y calzado; y (iii) Los días 4, 5 y 6 de agosto se realizará una macrorrueda de compradores nacionales en Cúcuta. En este evento la Fuerza Aérea transportará empresarios y compradores de distintas regiones del país, para que asistan y compren.

martes, 27 de julio de 2010

FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN, FONDOS DE EMPLEADOS, CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVIDAD - CONCEPTO SUPERFINANCIERA

Superintendencia Financiera. Concepto 2010016086-001 del 30 de marzo de 2010.

Síntesis: Los fondos mutuos de inversión son vehículos de captación de recursos de los trabajadores dependientes, cuya finalidad primordial es destinarlos a la inversión en el mercado público de valores, caracterizados por la existencia de un acuerdo mutual, donde la empresa patrocinadora y los empleados de la misma realizan una serie de aportes o contribuciones, a efectos de estimular el ahorro de estos últimos. Entre estas dos figuras se comparte un elemento esencial, a saber: apoyo mutuo entre los trabajadores, sólo que tratándose de fondos mutuos de inversión, también se requiere la presencia de la voluntad del empleador, quien se compromete, por medio del acta orgánica, a realizar una contribución mensual proporcional al ahorro de sus empleados, mientras que en el fondo de empleados no se requiere el consentimiento del empleador, por cuanto la creación de esta clase de fondos es un acto autónomo de los trabajadores que no implica ninguna obligación para la sociedad empleadora. La creación del fondo mutuo de inversión, se realiza teniendo en cuenta el acuerdo de los afiliados y la aquiescencia de la futura empresa patrocinadora. Con posterioridad deberá obtener la aprobación de la Superintendencia Financiera, una vez suscrita el acta orgánica y redactados los reglamentos de administración, crédito y fondo de perseverancia.


«(…) formula algunas consultas en torno a los fondos mutuos de inversión y los fondos de empleados, las cuales se transcriben a continuación:

“1. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes, en relación con su naturaleza jurídica, entre los Fondos Mutuos de Inversión conformados por trabajadores (Decreto 2968 de 1960) y empresarios y de los Fondos de Empleados (Decreto 1481 de 1989)?”

“2 ¿Cuáles son las diferencias y similitudes en materia de constitución, objeto social y finalidad económica de las entidades mencionadas?”

“3. ¿Cuáles son las diferencias en relación con el ánimo de lucro que tienen estas entidades?”

Seguidamente procedemos a dar respuesta a los interrogantes planteados:

I. ACERCA DE LOS FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN

Generalidades y Normatividad.

Los fondos mutuos de inversión de conformidad con el artículo 1º del Decreto 1705 de 1985, en concordancia con el Decreto 2968 de 1960, son vehículos de captación de recursos de los trabajadores dependientes, cuyo propósito primordial es destinarlos a la inversión en el mercado público de valores, para lo cual debe presentarse un pacto mutual, donde la empresa patrocinadora y los empleados de la misma realizan una serie de aportes o contribuciones con la finalidad de estimular el ahorro de estos últimos. Es de anotar, que son considerados personas jurídicas, con los atributos derivados de tal condición.

En aras de lograr el anterior cometido, el inciso 2º del artículo 2º del Decreto 1705 de 1985 dispone que los trabajadores pueden realizar dos clases de aportes: legales voluntarios y adicionales voluntarios. “Los primeros son aquellos que, en los términos pactados en la respectiva acta de constitución [o acta orgánica], generan para la empresa la obligación correlativa de contribuir al Fondo en una suma igual al cincuenta por ciento (50%) de los mismos [de allí que se conozcan como contribución de la empresa patrocinadora]. Los aportes adicionales voluntarios son aquellos que exceden la cuantía señalada como aporte legal voluntario y las reinversiones de los beneficios que puedan corresponder a los afiliados.”

Su régimen de inversión se encuentra definido en la regulación de la materia, la que le establece unos límites precisos en torno a los activos aceptables para invertir, dentro de los cuales corresponde a la administración del fondo definir cuál es la mejor composición del portafolio.

En conclusión, los fondos mutuos de inversión son vehículos de captación de recursos de los trabajadores dependientes, cuya finalidad primordial es destinarlos a la inversión en el mercado público de valores, caracterizados por la existencia de un acuerdo mutual, donde la empresa patrocinadora y los empleados de la misma realizan una serie de aportes o contribuciones, a efectos de estimular el ahorro de estos últimos.

El ánimo de lucro 1.

Los FMI, a pesar de contar (con) personalidad jurídica y efectuar repartos periódicos de rendimientos entre sus afiliados, no tienen ánimo de lucro. En efecto, “(...) el incentivo fundamental que aglutina a los socios de una compañía es una actividad económica lucrativa de la cual reportarán ganancias apreciables en dinero. De ahí que se patentice el lucro social como el lucro de los socios, pues todos tienen vocación para participar periódicamente en las utilidades de la sociedad y en los incrementos patrimoniales en el instante de la distribución del acervo social neto. Ciertamente, la meta de todo socio o accionista de cualquier compañía es una ganancia pecuniaria o material que incremente su fortuna”. (José Ignacio Narváez, Teoría General de las Sociedades”, página 15, TEMIS, 1990).

La existencia de ánimo de lucro permite diferenciar la sociedad de otras formas asociativas, entre las que se encuentran, por ejemplo, las cooperativas y las fundaciones. Ese ánimo de lucro, como puede observarse, es el objetivo primordial que persigue quien se asocia. Ello implica, obviamente, que la sociedad deba en su actividad buscar de por sí y fundamentalmente un lucro y que ese lucro deba repartirse entre los socios.

En los fondos mutuos de inversión se persigue una finalidad distinta: incentivar el ahorro de los afiliados y canalizar ese ahorro, en su gran mayoría, hacia inversiones en títulos de los que conforman el mercado público de valores.

Las inversiones y préstamos que realizan los FMI, obviamente, deben generar un rendimiento para los ahorros de los afiliados, no con la finalidad básica de producir una utilidad repartible, sino con el fin de conservar el poder adquisitivo del ahorro. El hecho de que los rendimientos se repartan periódicamente entre los afiliados no constituye, de por sí, ánimo de lucro para ellos ni para el fondo. El fondo en su operación persigue objetivos primordiales distintos al de realizar una actividad económicamente rentable para él y para sus afiliados.

II. SOBRE LOS FONDOS DE EMPLEADOS

Los fondos de empleados, regulados básicamente por las Leyes 79 de 1988 y 454 de 1998, en concordancia con el Decreto 1481 de 1989, son definidos como empresas de origen mutualista, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores dependientes (artículo 2º Decreto 1481 de 1989), que “persiguen el interés general de los asociados a través de la prestación de servicios de carácter social, de beneficios y de fomento a la solidaridad y a los lazos de compañerismo entre los asociados” 2.

III. CONCLUSIONES - RESPUESTAS

1) Teniendo en claro lo anteriormente expuesto, se puede concluir que entre estas dos figuras se comparte un elemento esencial, a saber: apoyo mutuo entre los trabajadores, sólo que tratándose de fondos mutuos de inversión, también se requiere la presencia de la voluntad del empleador, quien se compromete, por medio del acta orgánica, a realizar una contribución mensual proporcional al ahorro de sus empleados, que en los términos del artículo 2º del Decreto 1705 de 1985 corresponde al 50% de los aportes legales voluntarios; mientras que en el fondo de empleados no se requiere el consentimiento del empleador, por cuanto la creación de esta clase de fondos es un acto autónomo de los trabajadores que no implica ninguna obligación para la sociedad empleadora, teniendo en cuenta el artículo 15 del Decreto 1481 de 1989.

2) La creación del fondo mutuo de inversión, se realiza teniendo en cuenta el acuerdo de los afiliados y la aquiescencia de la futura empresa patrocinadora. Con posterioridad deberá obtener la aprobación de la Superintendencia Financiera, una vez suscrita el acta orgánica y redactados los reglamentos de administración, crédito y fondo de perseverancia, de acuerdo con el artículo 2º del decreto 958 de 1961 y demás normas que regulan el proceso de adquisición de personería jurídica.

Sobre la formación de un fondo de empleados, deberá remitirse a las normas particulares de los mismos, por cuanto es menester adelantar el procedimiento respectivo ante la Superintendencia de Economía Solidaria.

3) Legalmente, las figuras de fondos de empleados y fondos mutuos de inversión no tienen ánimo de lucro.


(…).»

SERVICIOS A EXPORTAR, SIN IVA

Acaba de ser removido el IVA para servicios prestados en el exterior a empresas con presencia en Colombia, una barrera que restaba competitividad.

Los exportadores de servicios de call center, arquitectura, ingeniería, contabilidad, diseño, traducciones y software, entre otros, tienen un nuevo motivo para celebrar. Además de la reactivación de la demanda mundial por este tipo de servicios, prevista para este año por la Organización Mundial del Comercio, el Gobierno acaba de expedir un decreto que reduce las trabas para obtener la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que algunas empresas debían pagar.

El pasado 24 de mayo, los Ministerios de Hacienda y Comercio expidieron el decreto 1824 que aclara el beneficio de exención del IVA (del 16%) a quienes venían pagándolo cuando el comprador en el exterior tenía algún tipo de operación en Colombia.

"El país estaba en mora de expedir esta legislación porque agregarle IVA a un servicio de exportación le quita competitividad. Los países que hoy nos compiten en servicios de tecnología, por ejemplo, no tienen este tipo de impuestos", explica Jorge Aramburo, presidente de la compañía de ingeniería de software PSL y uno de los empresarios que ha trabajado -a instancias de Fedesoft- en la eliminación de este impuesto.

En el mundo, el mercado de servicios está entre los menos regulados fiscalmente, razón por la cual es al mismo tiempo uno de los sectores que mayor crecimiento registra, con un promedio de 12% anual entre 2000 y 2008, de acuerdo con datos del Centro Internacional de Negocios de la Cámara de Comercio de Bogotá. El año pasado las exportaciones mundiales alcanzaron los US$3,7 billones (millones de millones), cifra en la que Europa y Estados Unidos tienen la mayor participación, con cerca del 33% del total.

Pero, ¿por qué, si el país ha insistido en la importancia de desarrollar las exportaciones de servicios, existía una legislación que frenaba el desarrollo de este sector? El ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, aclara que en el Estatuto Tributario está definida desde hace varios años esta exención para los servicios que se presten desde Colombia hacia el exterior. No obstante, reconoce que hubo una interpretación que no permitía a muchas empresas hacer uso de este beneficio tributario.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Naciones (Dian) interpretó que esta exención solo se aplicaba cuando el cliente en el exterior "no tenga negocios ni actividades en Colombia". Con el proceso de internacionalización de la economía, muchas multinacionales comenzaron a tener presencia en Colombia, pero no podían obtener el beneficio, así el servicio se prestara en otros países.

Carlos Mario Chaparro, consultor asociado de PriceWaterhouseCoopers en el área de impuestos y servicios legales, considera que "la interpretación de este requisito por parte de la Administración Tributaria no ha sido adecuada porque ha ignorado la importancia de determinar en dónde se consume el servicio para, en su lugar, entender que, si el cliente en el exterior tiene, por ejemplo, una sucursal en el país o tiene acciones o participaciones en compañías residentes en Colombia, entonces el proveedor local no puede tratar el servicio como exento y debe agregar IVA a la tarifa respectiva".

Esto llevó a que las empresas que recibían pedidos de servicios en el exterior por parte de compañías con presencia en Colombia debían incluir en sus cotizaciones el 16% del IVA, lo cual encarecía de inmediato el valor de su exportación.

Aramburo recuerda como un negocio muy importante que había logrado su firma, PSL, 'se cayó' luego de que, tras una consulta, les fue notificado que debían pagar 16% de IVA porque el comprador, aunque iba a recibir el servicio en el exterior, tenía presencia en Colombia.

Hacia una mayor formalidad

El Ministro de Comercio destaca que la nueva reglamentación tiene dos grandes objetivos: por un lado, mejorar las condiciones de competitividad de las compañías y, por otro, motivar la formalización de las exportaciones de servicios.

Para Plata, esta exención se convierte en un incentivo importante para las empresas que hoy exportan de manera informal sus servicios, pues para obtener el beneficio tributario deben inscribirse en el registro de exportadores de servicios.

Este proceso, de paso, le permitirá al Gobierno colombiano tener información más completa de cómo opera el sector de servicios en el país, ya que hasta el momento muchas de estas exportaciones no se contabilizan porque no tienen que pasar por aduanas y con un simple clic se van al exterior sin un registro.

De acuerdo con datos del Dane y Proexport Colombia, en 2009 las exportaciones de servicios del país, alcanzaron US$590,9 millones y reportaron una caída de 11,4% respecto al año 2008. Entre enero y abril de este año estas exportaciones alcanzaron US$218 millones, con un crecimiento de 3%. Sin embargo, para algunos expertos estas cifras distan mucho de la realidad exportadora del sector de servicios.

Pero, además de mejorar la competitividad y formalizar este tipo de ventas, se estima que el nuevo decreto que facilita la exoneración del IVA a los servicios permitirá promover nuevas inversiones en este tipo de empresas, particularmente en el sector de zonas francas.

Edgar Martínez, director de la Cámara de Zonas Francas de la Andi, cree que este nuevo decreto es motivo de celebración y abre la puerta a nuevas operaciones de empresas de servicios en las Zonas Francas de Servicios Tecnológicos diseñadas para aumentar la presencia de este tipo de compañías en el país.

"El IVA a la exportación de servicios era un obstáculo muy grande y, al eliminarlo, se va a facilitar y a potenciar el ingreso de nuevas compañías de servicios al país", asegura Martínez. En Colombia ya operan tres Zonas Francas de Servicios tecnológicos: Estrategias Contact Center en Bogotá, Telemark España sucursal Colombia, en Pereira, y el E-Contact de Manizales.

Los servicios se han convertido en la gran fuerza que impulsa la economía mundial. Y las menores trabas que tendrán ahora en Colombia hacen presagiar mejores tiempos para el sector.

Tomado el 27/07/2010 de: http://www.dinero.com/edicion-impresa/comercio-exterior/servicios-exportar-iva_74533.aspx

lunes, 19 de abril de 2010

Listo el pasaporte VIP para los exportadores colombianos

Se trata de un sello de confianza con el que las empresas que venden productos en el exterior pueden despachar mercancías sin pasar por todos los trámites.


Podrán pagar impuestos después de realizar el envío. La idea es reducir riesgos económicos y de incumplimiento.

Colombia dará otro paso en la flexibilización de trámites para la inserción de los productos nacionales en el mercado global. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) tiene prácticamente listo el mecanismo conocido como Operador Económico Autorizado (OEA), a través del cual facilitará el tránsito de los exportadores hacia los países con los que comercializan mercancías.

Así mismo, busca ofrecer mayor seguridad ante el riesgo de hechos delictivos como comercio ilegal de armas, falsificación de productos y usurpación de marcas. Según Bernardo Escobar, director de Aduanas de la Dian, "OEA es una iniciativa futurista que mejora la competitividad del país en materia de comercio exterior".

Se trata de una figura para certificar a grandes, pequeñas y medianas empresas, de manera que puedan recibir un trato especial en el desarrollo de sus operaciones de comercio exterior. Para que una empresa alcance el grado de confianza que le permita ser certificada como OEA, debe ser sometida a una serie de pruebas extremas de transparencia y honestidad.

"Para ser considerado un Operador Económico Autorizado, el exportador tendrá que cumplir una serie de estándares de calidad, confiabilidad y seguridad, además de contar con un historial satisfactorio de cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. El OEA es un voto de confianza del Gobierno que lo certifica. Por ese motivo, a donde llegue tendrá el privilegio de realizar todos sus trámites de manera simplificada", dijo el director de Aduanas.

Debido a que la información que lo acredita como exportador seguro se maneja en forma sistematizada con los países con los que se suscriban acuerdos internacionales de reconocimiento mutuo, el Operador Económico Autorizado no tendrá obligación de entregar ningún tipo de información en papel. "Esto hará que se agilice el proceso de salida y entrada de mercancías y se simplifique el proceso de descargue físico de la mercancía, porque ya se cuenta con la seguridad de que se trata de un exportador uno A".

Las ventajas de los OEA no sólo serán para los empresarios locales, sino también para los países que reciban al exportador, agrega Escobar. "Ahorro en tiempo y dinero para el empresario y para las aduanas, posibilidad de una mayor eficiencia, pues no ocuparán su logística de control en los OEA , sino que tendrá más visión sobre los demás, lo que dará la posibilidad de depurar el comercio internacional ilegal e, incluso, la amenaza de que el exportador sea utilizado para transportar elementos de uso del terrorismo".

Colombia es pionera

OEA es una figura que está prevista en el Marco Normativo de la Organización Mundial de Aduanas. En la actualidad, 11 empresas exportadoras de Colombia están participando en el proyecto piloto que ya fue presentado en Guatemala, como modelo de modernización aduanera.

La novedad de Colombia, que ha tomado como referentes a los Operadores Económicos Autorizados implementados en Estados Unidos y la Unión Europea, es la vinculación de más entidades de control, tanto en materia sanitaria como de prevención de delitos y otros riesgos a los que están expuestos los exportadores.

"Hemos involucrado a la Policía Antinarcóticos, al ICA, al Ministerio de Medio Ambiente y al Invima, entre otras instituciones de control. Así, el exportador, en vez de ir de entidad en entidad, en busca de certificaciones de su actividad, sólo tendrá que reportar que es un OEA. Es como pertenecer a un club de excelencia", señala Escobar.

Por ahora, la posibilidad de ser OEA será sólo para los exportadores. Pero, a largo plazo, según confirma Bernardo Escobar, la idea es que se pueda involucrar a transportadores, fabricantes, proveedores, gerentes de carga, importadores y los demás eslabones de la llamada cadena de suministro internacional.

El nuevo sistema no operará solamente para las grandes empresas

Hasta el momento, los exportadores colombianos contaban con las figuras conocidas como Altex (Usuarios Altamente Exportadores) y Usuario Aduanero Permanente (UAP), que, si bien tenían beneficios para facilitar sus operaciones internacionales, especialmente en materia tributaria, requerían tener altos volúmenes de exportaciones.

Para Altex, es necesario realizar negocios superiores a los 2 millones de dólares libres de gastos, y para UAP se requiere realizar ventas externas por 3 millones de dólares, en promedio, durante los últimos tres años.

También se exige hacer por lo menos 2000 declaraciones de importación o exportación. "Estas figuras, que con el tiempo tienden a ser reemplazadas por OEA, son para grandes empresas. Ahora, el tamaño de la empresa no es el tema, sino el buen manejo. Ser grande no necesariamente es garantía de que se es exportador de calidad", señala Bernardo Escobar, director de Aduanas de la Dian.


MARTHA MORALES M. / Redacción Economía y Negocios

viernes, 16 de abril de 2010

Quedan tres días hábiles para registrar las marcas en el dominio .co

La prioridad que vence el martes 20 de abril está establecida para que las marcas colombianas registren su nombre con la terminación .co (ejemplo, www.portafolio.co).

Las empresas colombianas o extranjeras que hayan registrado sus marcas antes del 30 de julio de 2008 ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia podrán realizar el registro de su dominio .co en la segunda fase de Protección Marcaria Local, ante la empresa Mi.Com.Co (www.mi.com.co), comercializador nacional autorizado.

El objetivo de esta segunda fase denominada Protección Marcaria Local, es proteger las marcas colombianas y sus derechos.

"Después del 20 de abril cualquier marca, de cualquier parte del mundo podrá solicitar un dominio con la extensión .CO. Incluso, a partir del 21 de junio, cualquier persona, sin que sea necesariamente dueña de una marca, podrá registrar un Dominio en la extensión .CO posiblemente poniendo en riesgo la trayectoria y el buen nombre de algunas marcas", manifestó Gerardo Aristizábal, Gerente General de Mi.Com.Co.

Para los casos en los que se presente más de una solicitud de nombre de dominio, se iniciará una subasta en la que se establecerá su asignación, después de la cual el nombre no estará disponible para otra empresa.


Tomado de: http://www.eltiempo.com/economia/noticias_portafolio/home/quedan-tres-dias-habiles-para-registrar-las-marcas-en-el-dominio-co_7607328-1

Para más información al respecto, contáctenos a carguva@gmail.com o al teléfono en Bogotá, Colombia (571) 6204920. Pregunté por el Dr. Carlos Alberto Gutiérrez